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Ciudad Juárez cobró notoriedad a nivel internacional a inicios de la década de los 90, debido a la cantidad de mujeres desaparecidas y asesinadas en nuestra ciudad; activistas, académicas y diversos medios de comunicación señalaron que esta problemática social era más compleja de lo que parecía.
En 2009, gracias a la sentencia de la CIDH conocida como “Campo algodonero” contra el Estado Mexicano, se emitieron recomendaciones a las instancias de gobierno: debían generar acciones que pusieran freno a la violencia contra las mujeres.
En el 2007 se conformó el Consejo Municipal de las Mujeres, en el que participaron representantes de la administración municipal y de organizaciones civiles que trabajaban en esta área. Posteriormente en 2014, se autorizó la creación del Instituto Municipal de la Mujer Juarense (IMMUJ), con el objetivo de implementar políticas públicas que promovieran el desarrollo integral de las mujeres y su participación plena en la vida económica, social, política y cultural en Ciudad Juárez.
El reclamo social constante de las asociaciones civiles, los grupos de madres de mujeres desaparecidas o asesinadas, las organizaciones que forman parte del movimiento de mujeres de Ciudad Juárez, así como de académicas y activistas, han marcado una pauta en el rumbo de las políticas públicas enfocadas en la prevención de la violencia contra las mujeres.
En 2009, gracias a la sentencia de la CIDH conocida como “Campo algodonero” contra el Estado Mexicano, se emitieron recomendaciones a las instancias de gobierno: debían generar acciones que pusieran freno a la violencia contra las mujeres.
Aviso de Privacidad. La finalidad para la cual serán recabados sus datos personales en cumplimiento a la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de conformidad con el artículo 1ª La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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